Ernestina, a dos años...

BOLETIN DE PRENSA

 

 

A dos años de la violación y el asesinato de doña Ernestina Ascensión Rosario, perpetrados por un grupo de militares.

 

Las organizaciones civiles y ciudadanas, seguimos reclamando justicia, así como tener acceso al expediente que del caso se conformó por diversos medios. Para esto la  Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, (CROISZ), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), y  FUNDAR (Centro de Investigación y Análisis A.C.) hemos emprendido una estrategia a través del  ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Derecho que  está establecido en el artículo 6° de la Constitución General de la República, y en el 6° de la Constitución de Veracruz Estado, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("CADH") y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("PIDCP")  y en  la Ley de Transparencia del Estado.

 

Como es conocido por los medios de comunicación, la Red de Organizaciones Ciudadanas (ROCVER) es coautora de la Ley de transparencia de nuestro estado, que es una de las leyes de transparencia mas avanzadas del país, reconocida así por  especialistas en la materia (Ernesto Villanueva, LIMAC). Sin embargo, para obtener esta información nos hemos enfrentado a una serie de obstáculos los cuales ponemos  del conocimiento de la opinión pública.

 

 

El 10 de julio de 2008 hice una solicitud  de acceso a la información que presenté (Patricia Benítez Pérez) al sujeto obligado: Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.

"Copia simple de la totalidad del expediente concluido que ha sido formado a causa de - la investigación ministerial numero  140/2007/AE, así como de la determinación de la investigación ministerial 140/2007 del índice de la agencia del ministerio publico investigadora especializada en delitos contra la libertad  y seguridad  sexual y contra la familia en el estado de Veracruz."

 

El referido sujeto obligado, a través del oficio PGJ/UAI/0037/2008, fechado el 5 de agosto de 2008, me comunicó su respuesta a mi solicitud de información. Lo entregado por la Procuraduría oculta información que se debería publicar. Por ejemplo, la concerniente  a una serie de numerales que se refieren a los peritajes médicos que ofrecen pruebas contundentes de que se trató de una violación.

 

Motivo por el cual con fecha 18 de agosto de 2008 interpuse un  recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto obligado: Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, al considerar que con lo entregado se me negó la información que le solicité, y la  información  que se me entregó, es de forma incompleta.

 

 Para mi sorpresa, el 13 de octubre, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, determinó por unanimidad de votos de los integrantes del consejo general, INFUNDADO el agravio plasmado por mi persona en el recurso de revisión y CONFIRMÓ la respuesta proporcionada por el sujeto obligado.

 

Ante este escenario  interpuse, con la asesoría legal de FUNDAR A.C.  en las personas de la Lic. Graciela Rodríguez Manzo y el Lic.Luis Miguel Cano López, una DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, con fecha 5 de noviembre, en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia Mixta en Xalapa.

 

PARA DEMANDAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE UNION, en contra de:

 

Primero.- El articulo 73 de la ley de número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz.

 

Segundo.- La  resolución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información recaída en el recurso de revisión en el expediente  IVAI-REV/158/2008/II, del 13 de octubre de 2008.

 

Este  recurso legal  tiene con fin ultimo exigir la apertura en su totalidad, del expediente concluido que ha  sido formado a causa de la investigación ministerial 140/2007/AE y así la sociedad en su conjunto podamos conocer la verdad histórica de este feminicidio que ha conmovido a buena parte de la sociedad mexicana.

 

Atentamente

Patricia Benítez Pérez

Coordinadora del CESEM Veracruz

 

Xalapa, Ver a 26 de febrero de 2009

 
 
Grupo de Derechos Humanos de Tomatlán, Ver. O. N. G.

Del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo...
                         ... por el derecho sagrado de estar bien informado.

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¡Pierde ayuntamiento!

Ciudadanos inconformes exigen a las autoridades una solución al problema de los "sindicalizados"

Se dice que fue en el trienio del Sr. Emilio Reyes cuando se empezó a tener empleados sindicalizados, desde entonces en cada administración se han sumado más.Fue en la administración de Heriberto García Hernández donde más empleados quedaron sindicalizados y en el año 2004 fueron despedidos 9 empleados, porque los recursos de la administración no alcanzaban para mantenerlos en sus puestos, así lo expresó el ex-presidente municipal Norberto Mendoza.Por consecuencia no se reinstalaron estos empleados e iniciaron una demanda que a la fecha se han corrido los salarios caídos y que ahora asciende a más de 1 millón 400 mil pesos aproximadamente. Esto a causa de que “en la administración anterior no dio seguimiento al juicio y a los laudos para resolver éste problema”, manifestó en días pasados el C. Martín Reyes Anaya a medios informativos.Ahora con ésta nueva administración se encontró con un juicio perdido y a favor de los trabajadores sindicalizados.Por esta razón el 29 de enero del año en curso, y por orden de un juez, congelaron las cuentas del municipio al no haber pagado estos salarios caídos. Y en reunión de Cabildo los ediles deciden suspender la mayoría de los servicios a la comunidad, suspenden a empleados y paran las obras, porque no hay dinero para pagar, dicen. Se informa que solo labora un 20 % del personal, entre ellos fomento agropecuario. Así lo informó el presidente municipal Martín Reyes ante ciudadanos reunidos en bajos del palacio municipal y convocado por segunda vez por el Frente Ciudadano, que éste medio al preguntar quienes integran dicho Frente, no se tuvo respuesta pues nadie sabía.Reyes Anaya expresó la voluntad de resolver éste problema sin afectar el desarrollo social y los servicios. Dijo se están buscando los apoyos con instancias del gobierno del Estado para pagar los salarios caídos y liquidarlos y no reinstalarlos más. En caso de que no se obtenga apoyo por el gobierno, entonces convocará al pueblo para que se decida que obras se suspenden y tomar ese dinero para pagar a empleados sindicalizados. Que a la fecha los ciudadanos esperamos se nos informe.

Los hechos

2001 - 2004

Al final de su administración el C. Heriberto García Hernández despide a un grupo de 9 empleados que, según versiones oficiales en ese entonces, se sindicalizaron sin su consentimiento aprovechando la falta de conocimiento en la materia de servidores públicos municipales, entre ellos el C. Pedro Bañuelos Vázquez, quien fungía como síndico municipal.

2004

El grupo de empleados presenta una demanda por despido injustificado y se inicia el proceso legal.

2005 - 2007

Al asumir la administración pública municipal el C. Norberto Mendoza Hernández se niega a recibir a los empleados “sindicalizados”, así como a pagarles salarios caídos. Continua el proceso legal.

2008

Asume la presidencia municipal el C. Martín Reyes Anaya, niega la reinstalación de los empleados así como el pago de sueldos caídos o liquidación. Los empleados continúan el proceso legal.

2008

La autoridad municipal negocia con 2 de los 9 empleados en conflicto. El resto no acepta negociar y siguen con el proceso.

Enero 2009

Un juez ordena el embargo de cuentas al ayuntamiento por no cumplir con el pago de salarios a los empleados en conflicto.El cabildo despide al 80% del personal.El “Frente Ciudadano” (se desconoce a los integrantes) convocan al pueblo a manifestarse públicamente. Los asistentes exigen nombres de responsables.Martín Reyes informa la situación, responsabiliza al ex - presidente Norberto Mendoza y dice estar en diálogo con gobierno del estado.Norberto Mendoza (presente) señala a Heriberto García y Jesús Cárdenas como responsables. Exige a Martín Reyes resolver el problema. El pueblo espera respuestas…

Despido masivo. ¿Solución o conflicto mayor?

Para empezar diremos que no había y no hay justificación para suspender los servicios a la comunidad, porque los ciudadanos estamos pagando impuestos, están intervenidas las cuentas más no el Ayuntamiento y porque el artículo 112 de la Ley del Trabajo expresa que los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados y el artículo 114 dice: Los trabajadores no necesitan entrar en la suspensión de pagos. En su caso la Junta de Conciliación y Arbitraje procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de salarios e indemnizaciones. Es decir si consideramos que la falta de pago a empleados es para pagar la deuda, entonces se tendría por lo menos 300 mil pesos por pago de nómina, pero como no se pueden suspender, entonces se corre el riesgo de que ahora los empleados municipales actuales se les ocurra demandar al Ayuntamiento. Por consiguiente los ciudadanos se preguntan ¿de donde se sacará el dinero para pagar los salarios caídos? Los medios regionales informaron que se congelaron las cuentas del Ayuntamiento, nos preguntamos ¿cuáles son esas cuentas y de cuánto es cada una?, por ejemplo a la fecha no se nos ha informado sobre el plan de arbitrios (la lista de obras que se van a hacer con su costo) que tiene la administración.

Nuestra palabra

Una de las cuentas embargadas es del programa de bursatilización que es un esquema financiero utilizado en todo el mundo, que permite modernizar y construir a favor de quien lo hace, por lo que el estado se verá beneficiado con obras como puentes, alcantarillado, alumbrado, equipamiento y mejoramiento de diversos servicios públicos.El Orfis será el encargado, en coordinación con los alcaldes, de instrumentar las acciones del control y transparencia en las obras que se realicen con el recurso de la bursatilización, para evitar cualquier suspicacia, y vigilar la correcta aplicación de los recursos.Asimismo, por órdenes del mandatario estatal, los alcaldes tendrán que abrir una cuenta en su Tesorería municipal, donde recibirán los recursos, a la par de realizar el proyecto de cómo se destinará. El pleno del Congreso Local autorizó a 161 ayuntamientos la bursatilización del impuesto de la tenencia Vehicular por un monto de mil 500 millones de pesos a colocarse en un fideicomiso con un plazo de pago a 29 años. (Sí, lo leyó bien, 29 años estará en deuda nuestro municipio, como si no tuviéramos bastante con la deuda actual a sindicalizados)Uno de los municipios inscritos en éste programa es Tomatlán, y en fecha 19 de noviembre del 2008 recibieron los alcaldes de la zona conurbada Córdoba-Orizaba más de 185 millones de pesos. ¿Cuánto le correspondió a Tomatlán?, no lo sabemos porque no se nos ha informado, ni siquiera en el primer informe de Gobierno de ésta administración.Por otro lado debemos de saber que el artículo 48 de la Ley del Trabajo manifiesta que los trabajadores tienen el derecho que en caso de despido injustificado, pueden solicitar su reinstalación o indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario y que al ser favorecidos por el juicio tienen derecho a que se les paguen sus salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se solucione el problema. Aunque estemos en desacuerdo porque afecta el desarrollo del municipio es un laudo (dictamen) que debe cumplirse pues la ley así lo establece; errores del pasado y del presente que deben ser pagados.Quizás estos problemas sean causa de que a ciudadanos y servidores públicos se nos olvida como se debe servir, ya que servir sin sentido ético no es posible construir la democracia, por lo que urge promover los valores éticos. También la política exige un grado de generosidad, honestidad y compromiso con el bien común y para eso tenemos que educarnos antes de ser autoridad o servidor público. Recordemos que el poder absoluto corrompe, entonces ¿por qué tanto interés en ser autoridad o permanecer en el servicio público?Ojala los ciudadanos estemos atentos y demos seguimiento a éste problema, exigiendo se nos informe veraz y oportunamente, y esperamos tenga voluntad la autoridad municipal para comunicarnos, pues está obligada con los ciudadanos a proporcionar la información requerida por ellos, finalmente el dinero de salarios caídos provengan del municipio o del gobierno del estado, ¡son nuestros impuestos! y ¿qué cuentas van a quedar y de cuánto son cada una de ellas?